CASO HOSPITALES MÓVILES: ¡EL “MEGA FRAUDE” NO TIENE FINAL!
POR: Suyapa Rubio
Agosto 15, 2022
En el mes de marzo y abril del año 2020 el Estado de Honduras mediante INVEST-H realizó la compra de siete Hospitales Móviles para contrarrestar los efectos de la actual pandemia COVID-19.
Fotografía: Ministerio Público
TEGUCIGALPA, HONDURAS-. En julio de 2020, el Ministerio Público (MP) inició una línea de investigación por un sobrevalorado equipo médico (680 millones de lempiras), señalando en el acto delictivo al exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), Marco Antonio Bográn; al exadministrador Alex Moraes y al guatemalteco Axel Gamaliel López.
Según declaraciones de la Fiscalía, en marzo y abril de 2020, Bográn junto a Moraes y Gamaliel López, representante Legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC, realizaron de “manera directa y fraudulenta” la compra de 7 Hospitales Móviles, los cuales descongestionarían la crisis del Sistema Sanitario de la Salud que atravesaba Honduras por el contagio masivo de Covid-19.
"El costo de las siete unidades móviles y sus plantas de tratamiento fue sobrestimado a 47,5 millones de dólares" pero la compra se realizó "al margen de lo que establece la ley, según contraste de oferta y proveedores, sin garantías de calidad, ni de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin autorización previa del consejo directivo de INVEST-H", declaró la Fiscalía.
Los informes biomédicos señalan que, el equipo "no solo está sobrevalorado, sino que no cumplen la función de poder ser útil para atender pacientes de Covid-19, debido a que tiene problemas de diseño y equipamiento, porque hay equipo vencido, usado y alguno incluso en mal estado o disfuncional".
Asimismo, el Ministerio Público manifestó que, el proveedor de los hospitales móviles "no tenía la capacidad técnica para construir, fabricar y equipar este tipo de hospitales".
En este sentido, empleados del Departamento de Adquisiciones de INVEST-H advirtieron a los imputados sobre el riesgo que representaba la compra de los hospitales, puesto que "no se tenía mayor información sobre ese proveedor y que en razón de los montos era un gran riesgo que los llevaría a serios problemas". Sin embargo, los directivos de la entidad hicieron caso omiso ante la situación.
Inicio del proceso penal
El 5 de octubre de 2020, un juez de los Juzgados Penales de La Granja dictó Detención Judicial a Bográn y Moraes, acusados por los delitos de malversación de caudales públicos. En consecuencia, ambos fueron trasladados al Primer Batallón de las Fuerzas Armadas (FFAA).
Por su parte, el Ministerio Público en horas tempranas del mismo día, interpuso el requerimiento fiscal, solicitando la captura inmediata de los acusados. Posteriormente, elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) dieron captura a los implicados, luego de judicializarse la primera línea de investigación sobre irregularidades de fondos utilizados durante la emergencia nacional por Covid-19.
Por último, la Audiencia Inicial se agendó para el 8 de octubre de 2020, en la cual en Ministerio Público aportaría prueba técnica-científica sobre malversación de caudales públicos.
Líneas de investigación
El 15 de abril de 2021 a las 9:30 de la mañana, una juez con jurisdicción en el caso de la compra de 7 Hospitales Móviles realizada por Bográn y Moraes, dio a conocer la resolución en la que se decidiría si los acusados guardaban prisión preventiva y dar lugar a un juicio oral y público o si los exfuncionarios se defenderían en libertad, tal como lo solicitaron sus representantes legales.
Sin embargo, la Fiscalía del Ministerio Público intervino ante lo demandado, solicitando auto de formal procesamiento en contra de los involucrados en el caso, ya que existían los medios probatorios suficientes para que fueran acusados y que este hecho no quedará en la impunidad.
“La representación de la fiscalía ha solicitado que se les dicte la medida de prisión preventiva para ambos imputados, ya que, según los fiscales con los medios de pruebas evacuados en audiencia inicial, se demuestra su participación en dos delitos de fraude y en dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios” manifestó en su momento Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Mientras tanto, la defensa de los imputados se mostró hacia una postura optimista. Asimismo, confirmaron haber presentado un arraigo, entre otras documentaciones.
A su vez, la defensa solicitó un sobreseimiento definitivo a favor de sus representados, llevando a cabo el proceso en caso de que Bográn y Moraes se defendieran en libertad.
En tal sentido, “pedimos medidas sustitutivas de la prisión ¡la juez lo va resolver, lo va valorar! Presentamos arraigo, presentamos todos los documentos que la ley exige, luego vamos a ver que se resuelve mañana”, expresó en el pasado Marco Tulio Castro, abogado defensor.
Según Oliver Erazo, abogado y analista, existen varios vacíos que debían ser evacuados en este caso, a su vez, juzgó el silencio de la Procuraduría General de la República (PGR), para aclarar y presentar los contratos con relación en la compra de los hospitales móviles y estimo que el administrador del Estado de Honduras debía rendir cuentas ante tal hecho.
“¿Quién es el administrador del Estado de Honduras de conformidad a la Constitución de la República? Es el presidente del ejecutivo. Él no puede alegar que no conocía la contratación, él no puede alegar que no conocía la naturaleza jurídica de la contratación y el alcance de la misma, y el objeto de la contratación, porque él es el administrador del Estado y como tal debe de dar cuentas”, sentenció Erazo.
En consecuencia, Bográn y Moraes fueron señalados por dos delitos de fraude y dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios.
Sin embargo, la defensa de los imputados enfatizó en que, según pruebas discutidas planteadas por la fiscalía, no se había conseguido probar la participación de los implicados en los delitos que se les acusa y aseguraron que ellos solamente actuaron acorde a la normativa interna de INVEST-H.
Condenas
Las líneas de investigación anteriormente mencionadas no son las únicas por las que se les acusa a los exfuncionarios de INVEST-H; Bográn fue condenado a 10 años y 11 meses de reclusión más una multa de más de 1.400 millones de lempiras por el delito de fraude agravado continuado y Moraes a una inhabilitación en cargo público de nueve años por el delito de violación de los deberes de los funcionarios agravado continuado (no penado con cárcel).
Según el Ministerio Público “en el presente expediente existen elementos suficientes que acreditan que ambos incurrieron en la comisión de dos delitos de fraude y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios”.
Gamaliel López, tercer implicado en el caso, tiene orden de captura con alerta roja internacional por suponerlo responsable de dos delitos de fraude a título de cooperador necesario. Meses atrás se le aseguró una cantidad 100 millones de lempiras en una cuenta bancaria en Estados Unidos.
Conforme a las investigaciones recabadas por la Fiscalía, ambos participaron directamente en un fraude de gran magnitud, incluyendo la compra de siete hospitales móviles, con los cuales INVEST-H idealizaba mejorar la emergencia sanitaria, pero resultó ser un fraudulento engaño, lo que contrajo la muerte de varios hondureños a causa de la enfermedad y del mal manejo de las autoridades encargadas.
Fiscalía inconforme por sentencia
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), en conjunto con la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y personal biomédico, aportaron contundentes pruebas al Tribunal de Sentencia, por las cuales el Ministerio Público manifestó “que al parecer no fueron valoradas en su totalidad.
En las pruebas presentadas recalcan que “el costo de las siete unidades móviles y sus plantas de tratamiento fue sobrestimado a cuarenta y siete millones, quinientos doce mil, quinientos sesenta y cuatro dólares americanos ($ 47,512,564.00) equivalente en lempiras a mil ciento setenta y cuatro millones quinientos diecisiete mil setecientos sesenta y cuatro lempiras, con treinta y tres centavos (L. 1,174,517,764.33)”.
Asimismo, la Fiscalía hace mención a que dichos hospitales hasta el momento no prestaron un servicio favorable a la población, por el contrario; la compra causó un daño enorme en la salud de los compatriotas.
Ante lo presentado por el Ministerio Público al Tribunal de Sentencia; la institución lamentó que “la Fiscalía esperaba un fallo más ejemplar en cuanto a las penas, por lo que se presentará un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Por último, el Ministerio Público reiteró que ante todos los hechos mantiene otras líneas de investigación, con el objetivo de sentar la participación de otros involucrados en el “mega fraude” y sentenciaron que “no se descartan más requerimientos fiscales”.